La Junta Nominadora ha concluido la primera etapa del proceso al recibir 185 postulaciones para la selección de al menos una nómina de 45 aspirantes que serán enviados al Congreso Nacional para que éste escoja a los 15 magistrados del próximo supremo que deberá estar electo en enero de 2023.
De las 185 postulaciones, la Junta Nominadora ha excluido 10 de ellos por no reunir los requisitos, y otro, por ser una nominación póstuma en vista del fallecimiento de uno de los abogados notarios que tenía el sueño de ser parte del listado a la nueva corte de justicia.
También en el camino se han quedado otros por no acudir a practicarse las pruebas de confianza que se realizaron esta semana.
Los nominadores han indicado luego la etapa de revisión, subsanación de documentación y la realización de las pruebas psicométricas y toxicológicas, como parte del cronograma de trabajo que han diseñado, entra así a la otra fase de los filtros para proceder a la selección de los nominados.
La elección de la próxima Corte Suprema de Justicia es uno de los procesos más trascendentales para la historia democrática del país y su institucionalidad, ante los niveles de desconfianza hacia este poder del Estado, según sondeos de opinión e investigaciones académicas. La elección de la corte de justicia, no es algo tecnocrático que atañe a los juristas, está relacionada con la dirección de todo un sistema de justicia de una nación, garantizar la seguridad ciudadana y jurídica en naciones como Honduras, permeada por la corrupción y las estructuras criminales, en especial el narcotráfico.
En este sentido, el proceso de selección y elección del nuevo Poder Judicial, ha sido uno de los más vigilados desde la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil, así como de la comunidad internacional. Las veedurías sociales hechas hasta ahora, destacan los buenos avances realizados por la Junta Nominadora, pero insisten que debe respetarse el factor de la meritocracia.