A través de un comunicado el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pronunció sobre el fracaso en la adquisición y funcionamiento de los supuestos hospitales móviles para responder a la emergencia por Covid-19 que enfrenta el país desde el mes de marzo.
A continuación el comunicado:
Ante el evidente fracaso de la gestión para la compra de inmuebles con el fin de contener la pandemia en Honduras por parte del Gobierno de la República que dirige el abogado Juan Orlando Hernández, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronuncia de la siguiente manera:
Que han transcurrido más de nueve meses desde que el exdirector Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), el señor Marco Bográn, pagara «de buena fe» el 100 % de los costos para la adquisición de siete supuestos hospitales móviles, con el propósito de atender pacientes infectados por el COVID-19 en Honduras, equivalente a más de 1,100 millones de Hasta hoy, solo uno de los centros asistenciales funciona, siendo evidenciada la mala administración estatal en el tema, en el que se incluye la compra de la carpa móvil de Villanueva, Cortés, a cargo del diputado Gabriel Rubí, quien goza prerrogativas como legislador y todavía no es sometido a escrutinio como funcionario público.
Que a pesar de la publicidad gubernamental, expertos en medicina y bioseguridad han corroborado que lo adquirido fueron triajes móviles con algunas características de modernidad, lo cual consagra una verdadera estafa del Estado hacia la ciudadanía, provocando además, una multimillonaria coima que significó un perjuicio a las finanzas públicas por más de 800 millones de lempiras, pero que, a pesar de la pésima administración, todavía se le pretende adjudicar fondos a entes como Invest-H para la reconstrucción de la red vial destruida por los huracanes Eta e Iota.
Que todavía no vemos un resultado serio de la auditoría a Invest-H, que junto a Copeco, han sido cuestionados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en sus informes de verificación de la información de oficio en los portales de transparencia por «falta de reportes de liquidaciones» e «información incompleta» sobre los presupuestos ejecutados durante la emergencia por el nuevo coronavirus desde el pasado mes de
Desde hace un mes y medio, el CNA advirtió que la emisión de requerimientos fiscales contra algunos señalados por actos de corrupción en tiempos del COVID- 19, podrían ser distractores para «calmar las aguas de la indignación social» y hoy podemos corroborarlo, pues este sistemático actuar desde el statu quo cuando está siendo señalado por irregularidades, no son más que espectáculos circenses para desviar la atención del tema que, desgraciadamente, dominó la agenda pública del año 2020: la asquerosa corrupción
Es por ello que, desde el CNA, nos negamos a quitar el dedo del renglón que señala, da certeza y confirma que las malas compras de triajes móviles, en donde sobran las excusas y los funcionarios mediocres para echar a andar dichas salas, se están convirtiendo en los grandes hechos de corrupción que llevan la ruta de la perversa impunidad que ha venido azotando a Honduras durante la última década.
Los hondureños bien nacidos y comprometidos con la reconstrucción de la nación ya visualizan la ruta de la unidad y la disposición de dar castigo a quienes cínicamente ven con desprecio a los muertos de la pandemia, priorizando los cantos de sirena y las urnas que les embrutecen.