La audiencia inicial está programada para las 9:30 de la mañana en el Fuerte General José Trinidad Cabañas, periferia de la capital hondureña.
El 5 de noviembre, un juez con jurisdicción nacional decretó detención judicial contra Santos Rodríguez Orellana, Jennifer Lizzeth Bonilla (esposa) y Reina Lizeth Bonilla (suegra).
En el caso del candidato presidencial por el Movimiento Independiente Dignidad y Esperanza (MIDE), éste guarda prisión en el Primer Batallón de Infantería, en tanto las dos imputadas en la cárcel de mujeres ubicada en Támara, Francisco Morazán.
En las afueras del cuartel Cabañas se han apostado varios simpatizantes de MIDE en apoyo a su candidato presidencial.
(LEER) Presidenciable Rodríguez Orellana, acusado de lavado con vínculos al narcotráfico
La acusación del MP
De acuerdo a las investigaciones fiscales, un testigo protegido originario del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el exoficial realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado “Zipe”.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana participó en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares, y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas, incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Así mismo en escuchas telefónicas negociaba entrega de drogas luego que esta era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra, según lo informado por el MP.
Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del exoficial de las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso en el periodo comprendido entre 2010 a 2020 más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.
Lo anterior, -según el MP- evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante la administración de rentas no es coherente con lo declarado.
