Cuando el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro prometió en la Cumbre del Clima organizada por Joe Biden erradicar la disparada deforestación ilegal en Brasil hasta 2030, muchos lo consideraron un desafío imposible de cumplir.
Basta un dato para calibrar sus vaticinios: entre agosto de 2019 y julio de 2020 se destruyó un área en la Amazonía superior al territorio de Jamaica. Y las organizaciones medioambientales advierten que esta situación no hará más que empeorar si prosperan en el Congreso varias iniciativas legislativas que buscan flexibilizar la regularización de tierras ilegalmente ocupadas, y podrían redundar en un aumento de la devastación de la mayor selva tropical del planeta y agudizar los conflictos crónicos en la zona.
En el centro de la polémica están dos proyectos de ley, el PL 510/21 y PL 2633/20, que son básicamente una reformulación de una propuesta similar, bautizada como ‘Ley de grilagem’ o ‘Ley de ocupación ilegal de tierras’, firmada por Bolsonaro y que, tras durísimas críticas, no logró ser votada el año pasado.
Estas nuevas propuestas, de enorme interés para la llamada «bancada ruralista», grupo de parlamentarios representantes de los grandes terratenientes y del agronegocio y cuyo apoyo fue fundamental en la llegada al poder del ultraderechista, tampoco han tenido buena acogida.
Grandes supermercados y productores alimentarios británicos y europeos amenazaron en una carta enviada el Ejecutivo con boicotear los productos brasileños si continúan adelante. Entre los firmantes están empresas como Tesco, J Sainsbury, Marks & Spencer, la alemana Aldi o la empresa de producción alimentaria National Pig Association. Estas medidas presentan «amenazas potencialmente aún mayores para la Amazonía que antes», dijeron.
«Ocupar para no entregar»
La ocupación de tierras públicas en la Amazonía para actividades agropecuarias o de explotación se impulsó en la época de la dictadura militar (1964-1985), cuando se incentivó a los brasileños a instalarse en la selva amazónica para defenderla de la supuesta codicia extranjera –el lema era ‘Ocupar para no entregar’–, con la promesa de otorgarles títulos de tierra.
Ese vacío jurídico desató el llamado ‘grilagem’, que consiste en invadir una tierra, deforestarla usando fuego y colocar ganado para luego especular al venderla con falsas escrituras.
Un fraude causante de una deforestación descontrolada y de violentas disputas territoriales. Muchas de las comunidades tradicionales e indígenas fueron expulsadas. Pero es que además una minoría de productores familiares que se asentaron de forma pacífica y que llevan décadas trabajando las tierras, no recibieron hasta la fecha las prometidas escrituras.
Uno de las justificaciones del Gobierno para llevar adelante estos proyectos es que es necesario cambiar la ley para reconocer esas tierras. Sin embargo, las organizaciones ambientalistas afirman que la legislación vigente ya permite otorgar títulos o venderlos a un bajo precio a quienes ocuparon tierras públicas hasta 2011.
Otra de los argumentos del Ejecutivo es la importancia de acelerar el proceso de regularización para la agricultura familiar. Un extremo al que también se oponen las ONGs, porque consideran que con ley actual ya agilizan los procesos de propiedades de hasta 400 hectáreas, que además las deja exenta de inspecciones.
«Lo que se está intentando es cambiar la legislación para permitir una legalización de áreas que fueron ocupadas ilegalmente y más recientemente, justamente, cuando la deforestación comenzó a aumentar en la Amazonía», asegura a RT Brenda Brito, investigadora del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon).
Por ejemplo, entre otras cosas, la PL 510/21 ampliaría de 2011 a 2014 el año límite para que las tierras públicas invadidas sean legalizadas, y permitiría adquirir títulos de áreas de hasta 2.500 hectáreas sin necesidad de inspecciones porque se harían a través de imágenes satelitales.
«El problema es que sin ir a la zona no se puede saber si hay un conflicto. Permitir un título de tierra sin saber si realmente está siendo ocupada de forma pacífica provocará más inseguridad jurídica, lo que potencializará los conflictos«, asegura Brito.
Imazon calcula que de los cinco millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía, un 28,5 % no tiene designación oficial y es ahí donde ocurre el 40 % de la deforestación cada año. El resto son reservas indígenas, parques naturales y tierras privadas.
«Si queremos terminar con la deforestación ilegal, no debemos solo enfocarnos en los títulos de áreas públicas ocupadas por los particulares. El reconocimiento de los derechos territoriales de los indígenas y las comunidades tradicionales es tan importante como el de los productores rurales», afirma el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) en Brasil.
Licencias ambientales
Otro polémico proyecto de ley, recién aprobado en la Cámara de Diputados de Brasil, flexibiliza las exigencias ambientales para emprendimientos agropecuarios y energéticos. El proyecto, que debe pasar por el Senado, dispensa de pedido de licencia ambiental a 13 tipos de emprendimientos, entre ellos, obras de repavimentación de carreteras o de distribución de electricidad de baja tensión.
Greenpeace acusó al Gobierno de Bolsonaro de aprovechar la situación de «caos» causada por la pandemia de coronavirus «para atender los intereses particulares del agronegocio«. Las organizaciones ambientales consideran que la medida acelerará todavía más la deforestación.
Desde el Instituto Socioambiental recuerdan que con estas flexibilizaciones se restringe la participación de órganos fundamentales como el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) o la Fundación del Indio (Funai), lo que además «de ser inconstitucional pone en riego los derechos de los pueblos indígenas, tradicionales y a las poblaciones locales» que se verán afectadas por las obras.
«A pesar de su discurso, las prácticas del Gobierno no están alineadas con la política del deforestación, más bien todo lo contrario y esto realmente genera un gran preocupación», subraya Brito.
