El 68 por ciento de la inversión en conectividad que se haga en Honduras debe ir a las zonas rurales, recomienda un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado al finalizar el Foro LAC, desde Miami.
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El estudio, “Brecha Digital en América Latina y el Caribe”, evalúa el estado de la distribución de la banda ancha en 26 países y calcula que en Honduras se requieren más de $1,352 millones en inversión.
Expone que para cerrar la brecha digital móvil y fija en tierras catrachas, se necesita que el 68 por ciento de las inversiones, sean estas públicas o privadas, vayan a la zona rural.
La recomendación contrasta con los números que deja la pandemia en el interior del país donde los escolares, maestros y padres de familia ya llevan más de un año lidiando para acceder contenidos educativos por baja y nula conectividad al internet.
La brecha digital en Honduras se manifiesta con incremento de fenómenos como la deserción escolar y aumento del empleo infantil, según los últimos reportes de trabajo y de organismos de la cooperación internacional.
El informe ubica a Honduras cerca de Haití y plantea que, para zanjar este atraso, se requiere una inversión de tal magnitud, la que a su vez generaría cerca de 400 mil empleos nuevos. A nivel regional, asegura que lograr cerrar la brecha con respecto a los países de la OCDE generaría más de 15 millones de empleos directos, impulsaría el crecimiento económico regional del PIB en un 7 por ciento.
A la postre, aumentaría la productividad en un 6.3 por ciento. Los retrasos en la conectividad y la digitalización de los países de América Latina y el Caribe han agravado drásticamente los impactos económicos y sociales del COVID-19. “Sin embargo, esta realidad también representa una oportunidad histórica para reducir la desigualdad, y generar empleo y un crecimiento económico sostenible”, dijo el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.
“El BID está tomando medidas para impulsar un ecosistema digital que ayude a la región a concretar estas inversiones, a diseñar planes nacionales de banda ancha y a crear las alianzas público-privadas necesarias para expandir la cobertura para todos los ciudadanos, especialmente para los más vulnerables”, agregó Claver-Carone.
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